El Senado aprobó el proyecto de ley que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria y establece nuevos mecanismos para actualizar los haberes previsionales. La iniciativa obtuvo 61 votos a favor y 8 en contra, alcanzando los dos tercios de la Cámara Alta.
Horas después de la votación, el Gobierno confirmó que vetará el proyecto, que ya había recibido media sanción en Diputados.
Qué establece la nueva fórmula de movilidad jubilatoria
El proyecto aprobado establece una actualización mensual de las jubilaciones en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), al igual que el mecanismo establecido por el Poder Ejecutivo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Además, incorpora una compensación adicional del 8,1%, relacionada con la diferencia entre el aumento otorgado por el Gobierno y la inflación registrada en enero.
Según la iniciativa aprobada, el haber mínimo también debería garantizar la cobertura de la canasta básica del adulto mayor.
Desde cuándo se aplicarían los cambios
Uno de los puntos de discusión durante el tratamiento del proyecto fue la fecha desde la cual deberían aplicarse los cambios.
El Poder Ejecutivo planteaba que la modificación tuviera efecto desde julio, mientras que la oposición impulsó que fuera retroactiva a febrero. Esta última alternativa fue la que quedó incorporada en el proyecto aprobado por el Senado.
La iniciativa también contempla un mecanismo de actualización anual relacionado con la evolución de los salarios y la inflación.
Un adicional vinculado a los salarios
El proyecto incorpora un adicional anual equivalente al 50% de la diferencia entre la variación del RIPTE y el IPC, con el objetivo de permitir una mejora de los haberes cuando exista crecimiento económico.
De esta manera, el proyecto aprobado establece que el IPC no sea el único parámetro utilizado para determinar la evolución de las jubilaciones.
Qué pasó con los juicios y las deudas previsionales
El proyecto también contempla el pago de juicios por reajuste de haberes y de las deudas correspondientes a las cajas previsionales provinciales.
De acuerdo con la información publicada, estos pagos se realizarían con recursos de impuestos que tienen asignación específica para la ANSES, entre ellos el impuesto al cheque, el impuesto PAIS y el IVA.
La iniciativa establece que estos recursos se utilizarían sin recurrir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
El Gobierno anunció que vetará la ley
Después de la aprobación en el Senado, la Oficina del Presidente confirmó que el Poder Ejecutivo vetará el proyecto.
En un comunicado, el Gobierno cuestionó el impacto fiscal de la iniciativa y sostuvo que implicaría un gasto adicional equivalente al 1,2% del PBI.
El Ejecutivo también afirmó que el proyecto podría afectar el objetivo de déficit cero y cuestionó que los nuevos gastos no contaran con una partida presupuestaria correspondiente.
Por su parte, durante el debate en el Senado, los impulsores del proyecto defendieron la necesidad de modificar el sistema de actualización de las jubilaciones y sostuvieron que los haberes habían perdido poder adquisitivo.
Con la aprobación de la Cámara Alta, el proyecto quedó sancionado por el Congreso y pasó al Poder Ejecutivo, que anunció su decisión de vetar la iniciativa.
