El Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso. La decisión quedó oficializada el lunes 2 de septiembre de 2024 mediante el Decreto 782/2024, publicado en el Boletín Oficial.
El proyecto había sido sancionado por el Congreso el 22 de agosto de 2024 y establecía modificaciones al régimen de movilidad previsional. Con el veto, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto la iniciativa aprobada por ambas cámaras.
Qué establecía la ley de movilidad jubilatoria
El proyecto aprobado por el Congreso incorporaba la actualización mensual de los haberes de acuerdo con las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Además, contemplaba un mecanismo adicional relacionado con la evolución de los salarios. En particular, establecía para marzo de cada año un aumento equivalente al 50% de la variación del RIPTE que superara la variación del IPC del año anterior.
La iniciativa también disponía un incremento compensatorio adicional, con el objetivo de llevar al 20,6% la actualización correspondiente a la inflación de enero de 2024. El proyecto contemplaba que ese incremento se aplicara desde abril de ese año.
Por qué el Gobierno vetó la ley
Entre los argumentos incluidos en el decreto, el Gobierno sostuvo que el proyecto aprobado por el Congreso no contemplaba el impacto fiscal de la medida ni establecía la fuente de financiamiento.
El Ejecutivo también señaló que la aplicación de la ley implicaría gastos que no estaban contemplados en el Presupuesto Nacional. Según los considerandos del decreto, el Gobierno estimó un gasto adicional de aproximadamente $6,16 billones para 2024 y $15,43 billones para 2025.
El decreto también plantea que las decisiones vinculadas con el gasto público deben considerar las previsiones de ingresos y gastos establecidas en el Presupuesto Nacional.
El decreto 782/2024
El Decreto 782/2024 establece en su artículo principal que se observa en su totalidad el proyecto de ley registrado bajo el número 27.756.
El proyecto había sido sancionado por el Congreso el 22 de agosto de 2024, mientras que el decreto de veto fue publicado en el Boletín Oficial el 2 de septiembre.
De esta manera, la reforma jubilatoria aprobada por el Congreso quedó sin efecto a partir del veto presidencial.
